La Organización Electoral de Procesos Electorales (ONPE) denunció que el exprocurador anticorrupción, Christian Salas, está siendo financiado con dinero que la entidad electoral proporciona a los partidos políticos.
En esta se observó que Fuerza Popular habría infringido el artículo 23-A del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios al contratar a dedo y no mediante un proceso de selección para la contratación de una persona para el servicio de asesoría legal o defensa jurídica.
De acuerdo a los descargos presentados por Fuerza Popular argumentaron que por la misma naturaleza del servicio de asesoría legal que debe ser ejecutada con un profesional calificado de acuerdo a su especialidad y que sea de confianza.
«Sin embargo, la ONPE ha mencionado que estos comentarios no son suficientes para subsanar las observaciones realizadas, por lo que exhorta a que en las sucesivas contrataciones de prestación de servicio se realice la búsqueda de por lo menos dos proveedores que estén directamente relacionados al objeto de contratación.»
ONPE: ¿qué dice el artículo 23-A del reglamento de financiamiento?
De acuerdo al artículo 23-A del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, toda contratación de bienes y servicios por parte de una organización política debe incluir una indagación de mercado; es decir, enfocarse en la búsqueda de proveedores que puedan satisfacer los bienes y servicios requeridos.
En esa misma línea, dicha acción debe basarse en los criterios establecidos en los artículos 18 al 23 de este RFSFP. Se puede recurrir a cotizaciones, presupuestos, portales o páginas web, catálogos, entre otros, según corresponda al objeto de contratación.
¿Quién es Christian Salas?
Christian Salas se ha desempeñado el cargo de procurador anticorrupción en la lucha contra la corrupción en casos de alto perfil. Su carrera incluye la investigación de figuras prominentes y entidades implicadas en escándalos de corrupción, como el caso ‘La Centralita’, que involucró al empresario Martín Belaunde, al exgobernador de Áncash César Álvarez y a otros por presuntos lobbies con la empresa española Antalsis.
Durante su gestión en la Procuraduría Anticorrupción, se investigó a los congresistas nacionalistas Cenaida Uribe, John Reynaga y Agustín Molina, así como al ex primer ministro René Cornejo, la ex jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) Dacia Escalante y el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
Desde el 2011, Christian Salas dirige la firma de abogados Salas Beteta, especializada en derecho procesal, empresarial y administrativo, entre otras áreas. Actualmente, es abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
